FELDMAN, DE SALVIA, VIGÑALES
En 1980 fue promulgada La Ley de Radiodifusión 22.285 por la dictadura
militar. Esta se mantuvo vigente hasta el 10 de octubre de 2009, año en el que
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reglamentó la nueva Ley deServicios de Comunicación Audiovisual.
Esta ley es una norma de
vanguardia, que entiende la comunicación como un derecho humano equivalente a
la libertad de expresión, y que promueve la democratización de las voces prestadoras
de servicios. Concibe a la comunicación de manera inclusiva, plural, antimonopólica
y anticorporativa. La
sanción de la norma significó el punto culminante de un extendido debate y participación
popular.
Los
objetivos de su sanción son: garantizar el derecho a la información, evitar la formación
de monopolios (y limitar su poder), asegurar espacios que garanticen la
pluralidad, fomentar diversos contenidos, e incentivar la producción local.
Por un
fallo de la Corte Suprema, el 7 de diciembre próximo (7D) entra en vigencia el ART 161 de la ley. El mismo
establece un límite de licencias por cada grupo empresario de medios, y dispone
que los que no se ajusten a lo fijado deben comenzar un proceso de adecuación.
Cuando se
aprobó, algunos grupos de medios presentaron medidas cautelares para que no se
ponga en vigencia el programa de adecuación. No obstante, todos los grupos
reconocieron al AFSCA (Autoridad Federal deServicios de Comunicación Audiovisual), como autoridad de control y aplicación de
la ley, a excepción del Grupo Clarín. No solo eso, sino que a
medida que pasaba el tiempo, varios grupos empresarios iniciaron los trámites
para cumplir con la norma. El único que no la aceptó fue el Grupo Clarín.
Según la ley, cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24
licencias de televisión por cable, y 10
de las “abiertas” –radios AM, FM o de TV abierta-. Importante: el Grupo Clarín
tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de TV
abierta.
Tres años
después de aprobada la ley, y con el fallo de la Corte Suprema, el Grupo Clarín se niega a presentar un
plan de adecuación: se niega a cumplir con la ley. De esta manera, ignora al
PE, PL y PJ. Un grupo empresario no puede estar sobre los tres poderes de la democracia,
ni sobre sus instituciones.
Detrás de todo esto hay una maniobra político-económica de inmensas
dimensiones. Este monopolio económico, dueño de infinitos medios de comunicación
y con un peligroso poder de manipulación sobre la sociedad, se resiste al
cumplimiento de la ley en pos de conservar su hegemonía mediática, haciendo
creer a la gente que los perjudicados son ellos y que, paradójicamente, “está
en peligro la libertad de expresión”.
La importancia de la ley reside en su objetivo de democratizar la
información en los medios de comunicación. Es una pena que estando en
democracia, haya actores que se nieguen a respetarla.
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